30 de abril
Afectando soberbia, el Presidente dijo la otra noche, en menos de un minuto, que no pensaba aclarar si el Gobierno había pagado un rescate por los marineros españoles secuestrados en alta mar. Increíblemente no se cayó el mundo, ni entonces en la televisión, ni al día siguiente en los periódicos. La obligación de un gobernante, incluso de un gobernante tan flexible, es dar cuenta hasta el último céntimo de cómo gasta el dinero. Yo comprendo perfectamente que los gobiernos tengan que tratar con chantajistas, como a veces tienen que tratar los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho a no publicar los detalles del coste del chantaje: se trata de su dinero y de sus sentimientos. Ahora bien: en el caso del gobierno su dinero es mío, y dado que el secuestro ha trascendido, también sus sentimientos. Estoy de acuerdo con que el Gobierno deba apartar un poco de dinero para los llamados gastos reservados, que es, supongo, dónde habrá ido a parar la partida de los piratas. Pero “gastos reservados” significa reserva sobre un conjunto: pongamos que el Gobierno llevase años pagando el racket pirata para que los marineros españoles puedan pescar sin riesgos el atún rojo. Pero el secuestro ha sido un acto público. Es puramente extraordinario que lo único que vaya a hurtársenos, exhibida a diario la humillación ejercida por el delincuente, sea la factura! Perdido el honor, qué sepamos por cuánto. Yo no estoy autorizado, por mi carácter, a discutir sobre la legitimidad de la razón de Estado. Pero es imprescindible evaluarla: los precios siempre son políticos. Yo estaría dispuesto a pagar por la vida de los pescadores; pero otra cosa es la vida del Gobierno.
Por mucho que el Presidente tratara de ocultarse tras una cortina patriótico-sentimental su negativa se inscribe en la creciente tendencia de los políticos a la irresponsabilización. El gobierno es responsable de garantizar la seguridad de sus pescadores. Naturalmente ser responsable no quiere decir ser infalible. Aunque con frecuencia la excusa de la falibilidad amaga la pertinencia de la responsabilidad. Estos días se desencadena en el mundo un proceso realmente asombroso a propósito de la responsabilidad. Afecta a los biocombustibles y a la amenaza de hambruna que su generalización puede comportar. Desde el FMI hasta el Papa, pasando por la OCDE se exigen graves meditaciones sobre la moralidad del combustible ecológico. Las exigen ahora, después de haberlo patrocinado durante años. Pero, sobre todo, después de que varios expertos (Lomborg, señaladamente) ya hubiese advertido que determinadas formas de moral ecológica iban a diseminar el hambre en el mundo.
Por supuesto, los dirigentes están legitimados para la práctica ensayo/error. Pero negarse a exhibir el calado y el coste de sus errores sólo prepara el advenimiento de nuevos fracasos. Que, eso sí, los tendrán a ellos, de nuevo como fatuos y blindados protagonistas.
(Coda: “No voy a entrar en ese debate. Espero que todo el mundo actúe con responsabilidad”. J.L. Rodríguez Zapatero, 59′)
·
Correspondencias /Óscar
Estimado Arcadi:
La reflexión de hoy, muy pertinente en estos días de púberes gobiernos, me anima a referirte un tema de similar calado, aunque quizá de mayor trascendencia (política, que no geográfica). El caso es que el Gobierno de Aragón lleva meses negociando con un ‘holding’ de inversores la instalación de un macro-parque de ocio y juego en la estepa monegrina -uno de los pocos y singulares desiertos que hay Europa- so pretexto de que el negocio traería a la región tropecientos mil empleos, millones y oportunidades de desarrollo. El furor que han provocado estas imágenes de riqueza sin fin llevó a los mandatarios aragoneses a suscribir un acuerdo con los promotores, que responden a las ignotas siglas de IDL, donde se apalabraba la construcción de todo tipo de infraestructuras públicas y la modificación ad hoc de la legislación que regula el juego como principal escollo para la materialización del invento. La cosa, empero, es que tras la presentación del tinglado con todo el boato del mundo en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, estancia más noble de la sede del Ejecutivo autonómico, la solidez del proyecto se ha visto puesta en entredicho con mucha enjundia a través de las informaciones publicadas por El Periódico de Aragón.
La investigación periodística señala la existencia de sociedades de dudosa solvencia tras las que estarían conocidos comisionistas internacionales como Dedé La Sardine, magnate corso encarcelado por el caso ELF en Francia -aunque puesto rápidamente en libertad a causa de su avanzada edad- y especialista en olimpismo, gracias a su extinta relación de amistad con José Antonio Samaranch, que abjura hoy del sujeto. Pues bien, como hiciera Zapatero en 59”, el Gobierno de Aragón y su presidente Iglesias -que le acompañan en otros asuntos como el “esto-no-es-un-trasvase” a Barcelona- eluden facilitar cualquier información sobre cómo se ha pergeñado el asunto y cuál es la realidad de la operación, siguen intermediando en la compra de terrenos y piden mucha calma y tranquilidad para que el asunto salga adelante con la debida “discreción”. Aquí se puede seguir el último capítulo. Entretanto, los consejeros implicados siguen jugando a la “ruleta corsa” para que, llegado el caso, dilucide quién asumirá la dimisión.
