27 de octubre de 2006
Para Anxo Otero, Chicago
Josh Wolf, blogger, en una cárcel de California por negarse a entregar un vídeo donde aparecen, supuestamente, las pruebas de un delito. Invoca que sus garantías han de ser idénticas a las de cualquier periodista. El juez le responde que ese asunto ni siquiera puede plantearse porque no hay ley en el Estado que conceda esas garantías a los periodistas. Un Estado muy razonable. El uso de fuentes anónimas puede ser imprescindible para dar a conocer la verdad. Pero conlleva un riesgo: el periodista puede ir a la cárcel. Un riesgo, chicos. Se añaden a los Haití, Bagdad o la banlieue. Los compromisos éticos de los periodistas son dos: contar la verdad y proteger la identidad del que la revela, si así se establece. No creo que en ese pacto tengan que intervenir los poderes públicos ni que el periodista, respecto de la comisión de un delito, haya de tener privilegios que no tiene cualquier ciudadano. Por el contrario, ha de asumir que el silencio tiene un precio y que puede tener que pagarlo. La bloguería y asociados, que tanto interés tienen por hacer periodismo, deben conocer los riesgos y no pedir tiritas. La cárcel es un lugar interesante para la práctica del periodismo 4.0.
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La Ilegalizada
El portavoz Permach llama «irresponsable» al presidente Zapatero. A continuación dice que se siente sorprendido porque el Gobierno considere grave el robo con violencia de unos cientos de pistolas. Y remata: «Hechos graves hay muchos», aludiendo a las acciones judiciales contra miembros y bienes de Batasuna. Las declaraciones tienen el poder (casi poético) de sintetizar el momento de España. Alguien compara, henchido de legitimidad, la actuación del Estado de Derecho con la de un grupo de delincuentes. Pero su delirio no aparece en una octavilla internáutica, sino en la primera página de los periódicos. La negociación con los terroristas ha provocado dos consecuencias: La primera, y fundamental y visible, es la ausencia de cadáveres. La segunda, mucho menos evidente, es el descrédito de la razón. No es que la democracia española vaya a pagar el llamado precio político; es que lo está pagando: Batasuna está cada día en los periódicos (es decir, en el espacio público) ilegalizando todo lo que toca, y lo que toca forma parte del patrimonio político y moral de la democracia. Debo decir, para que se vea claramente desde qué lugar hablo, que por el momento yo compro. Que cambio vidas por la obligación de frecuentar a Permach y Barrena, analistas. Me sorprende que los demócratas exasperados, todos aquellos que ante cualquier movimiento del Gobierno hablan, inmediatamente, de alta traición, no digan alto y claro que no quieren negociar con terroristas y que afrontarán la reanudación del asesinato (tienen que llegar hasta aquí: si no, no cuenta); me sorprende que no haya este tipo de hombres y mujeres nítidos en un país tan heroico. Pero aunque los hubiera, no los acompañaría. A diferencia de personalidades más complejas yo no quiero convivir y reconciliarme con, ni entender y perdonar a: concretamente me daría mareos que me pidieran perdón. Mi único interés es vencerles. Creo que negociar puede ser una de las formas de vencer. Sin embargo, entre las condiciones elementales de una negociación victoriosa está la de identificar en cada momento lo que se está dando a cambio. La naturalidad con que circulan las afrentas de Batasuna («la ilegalizada Batasuna», dicen, para legalizar y legalizarse) y los mecanismos automáticos de estímulo/respuesta que parecen haberse creado entre los terroristas y los demócratas erosionan la democracia y la vida. Y también me preocupa, más vulgarmente, el aumento de caché que establece cada uno de sus apoderamientos mediáticos. El matonismo, ahora verbal, de la Ilegalizada no es un texto que leer, sino una factura a pagar. Guarismos no versos. Pido solemnemente que cada día se anoten en cuenta.
(Coda: «Prefiero la justicia al desorden». Variaciones sobre un tema de Goethe.)
