29 de marzo de 2006
atur ed ajoH
Si en Cataluña fue la palabra nación el eje de la discusión estatutaria, en el País Vasco lo será la palabra consulta. O pregunta. O cualquier otra, más o menos eufemística, que irá decantándose. El reto del presidente del Gobierno es cómo incrustará esa pregunta en la legalidad. Lo dijo ayer con su acostumbrada transparencia. Cito El País: “El Estado de derecho tiene sus normas, y éstas se resumen en el cumplimiento de la legalidad”, pero añadió que en la democracia “caben todas las propuestas”. Con su acostumbrada transparencia y sus acostumbrados volatines, como el de distinguir entre democracia y estado de Derecho. Sentado en el muelle de la bahía me dispongo a observar el espectáculo formidable de la incrustación. No es del todo improbable que acabe adoptando un sesgo parecido al de la nación catalana. Ya se ha olvidado, porque está pasando mañana pero ante el preámbulo del Estatuto hay quien sostiene que Cataluña ha sido reconocida como nación y quien sostiene lo contrario. ¡Y en el mismo gobierno! En la política vasca sucedió algo parecido: hay quien sostuvo que con el Pctv Batasuna llegaba al Parlamento y quien sostuvo lo contrario. En cuanto al presidente siempre podrá sostener, con acierto, que la vida sigue. No es seguro que Rajoy opte por la política de la claridad. Pero, en cualquier caso, esa política no se ve favorecida por afirmaciones sólo más vacías que tajantes tipo línea tres de su Maginot: “Que no habrá concesiones a Eta ni directa ni indirectamente”. Mejor para Rajoy y para la democracia que se ponga a discutir cuáles serán las concesiones. Rápida y precisamente. Para poder establecer, cuanto antes, el principio (los principios, claro) del fin.
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